Mientras los negociadores dialogaban, la situación de los derechos humanos en Cuba seguía siendo sombría
Las discretas negociaciones de la administración Trump con La Habana dejaron al descubierto un patrón recurrente: el régimen cubano miente, incluso a su propio pueblo, hasta que la verdad resulta conveniente. Miguel Díaz-Canel negó en un principio que se estuvieran llevando a cabo conversaciones. Posteriormente, fuentes de la Casa Blanca revelaron que estas se gestionaban “a un nivel superior al suyo”, con la participación directa de Raúl Castro y su nieto. Semanas más tarde, el propio Díaz-Canel admitió en televisión que formaba parte del proceso. Esto no es diplomacia; es el teatro de una dictadura que solo entiende un idioma: la presión.
Mientras los negociadores dialogaban, la situación de los derechos humanos en Cuba seguía siendo sombría. A principios de marzo, Vatican News informó de la liberación de 51 prisioneros; nosotros confirmamos la liberación de 23, veinte de ellos presos políticos.
El 2 de abril, el régimen prometió liberar a otros 2.010 presos. Muchos presos comunes han sido puestos en libertad. No así los presos políticos, hasta cuando Alexander Díaz Rodríguez finalmente salió en libertad el 12 de abril, tras cumplir una condena de cinco años. Padece cáncer de tiroides. Su aspecto, según afirma su familia y se observa en las fotos publicadas en diversas plataformas digitales y en periódico ABC, es como si hubiera salido de un campo de exterminio: demacrado y desnutrido. Su madre de crianza fue detenida de inmediato por la Seguridad del Estado, y no se tuvo noticia de ella en las horas siguientes.
Otro prisionero de larga data, Félix Navarro, y su hija, Sayli, permanecen tras las rejas. Navarro fue brutalmente golpeado apenas unos días después de la visita de su esposa, visitas que ahora solo se permiten una vez cada cincuenta días.
El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene prohibido el acceso a las prisiones cubanas desde 1989. El mensaje del régimen es claro: liberaremos unos cuantos presos para ganar tiempo, pero la maquinaria de represión sigue su curso.
Fuera de las prisiones, el panorama no es mejor. La infraestructura energética de Cuba ha sido descuidada durante décadas. En 2015, Rusia ofreció una inversión de 1.360 millones de dólares en la red eléctrica; el régimen la rechazó, alegando que no podía costear su participación del 10 por ciento.
Mientras tanto, el conglomerado militar GAESA acumula 18.000 millones de dólares en reservas de efectivo. En lugar de reparar la red eléctrica, ha construido hoteles de lujo equipados con sus propios generadores; hoteles que permanecen vacíos debido al colapso del turismo. El resultado es previsible: apagones rotativos, alimentos echados a perder y bombas de agua que ya no funcionan. Los cubanos pagan las prioridades del régimen con su miseria cotidiana.
Esta no es meramente una tragedia cubana, sino un ejemplo aleccionador para todo el hemisferio. En 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, todos los países de las Américas, con la excepción de Cuba, ya habían transitado hacia la democracia. Muchos gobiernos se convencieron de que el “acercamiento” y la “legitimación” empujarían a La Habana hacia las reformas.
Sucedió lo contrario. Cuba exportó su modelo a Venezuela, ayudó a construir el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que inunda de estupefacientes a Estados Unidos y Europa, y desestabilizó gobiernos en América Latina. Las crisis migratorias, la delincuencia transnacional y las democracias debilitadas son el resultado directo de esta política.
Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, demostraron que los cubanos de a pie comprenden esto mejor que muchos políticos extranjeros. Desencadenadas por el llamado a la libertad artística del Movimiento San Isidro y amplificadas por el himno viral “Patria y Vida”, las manifestaciones congregaron a entre 100.000 y 500.000 personas en toda la isla. Estas reflejaron un descontento generalizado que abarcó a todas las razas, edades y estratos sociales.
El cínico manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del régimen, ocultando el número de fallecidos, al tiempo que alardeaba de vacunas “de producción nacional” mientras las familias enterraban a sus seres queridos en fosas comunes, contribuyó a empujar a los cubanos a las calles. Un mes después de la represión, llegaron repentinamente a Cuba vacunas chinas. La coincidencia temporal no fue casualidad.
El alcance de Cuba se extiende mucho más allá del Caribe. Sus vínculos con Rusia, China e Irán no son nuevos; se remontan a la década de 1950 y a la Conferencia Tricontinental de 1966, cuando La Habana acogió a grupos terroristas y guerrilleros de todo el mundo para conspirar contra los intereses occidentales.
En enero de 1975, el grupo terrorista puertorriqueño FALN, financiado y entrenado por La Habana, bombardeó la Taverna Fraunces en la ciudad de Nueva York a la hora del almuerzo, matando a cuatro estadounidenses e hiriendo a sesenta. El fabricante de la bomba, Guillermo Morales, escapó de la justicia en Estados Unidos y vive todavía abiertamente en Cuba.
En mayo de 2001, Fidel Castro se encontraba en Irán y declaró que, juntos, podrían “poner de rodillas a Estados Unidos. El régimen estadounidense es muy débil, y estamos presenciando esta debilidad de cerca”.
En el 2023, Díaz-Canel recibió al presidente de Irán apenas unos meses antes de los ataques del 7 de octubre contra Israel; posteriormente, viajó a Moscú para respaldar la “operación militar especial” de Vladimir Putin en Ucrania, un acto tan descarado que Ucrania rompió relaciones diplomáticas y votó en contra de la resolución anual de Cuba ante las Naciones Unidas sobre el embargo, por primera vez desde 1993.
La lección es sencilla. “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”, escribió Martin Luther King Jr. desde una cárcel de Birmingham en 1963. Una dictadura que somete a su propio pueblo al hambre, encarcela a sus artistas y disidentes, y se alía con los adversarios de Estados Unidos no se convertirá en un vecino responsable mediante los dólares del turismo o las fotografías diplomáticas.
Los inversionistas europeos que se precipitaron hacia Cuba en la década de 1990 no se convirtieron en agentes de la democracia; se convirtieron en rehenes y, en algunos casos, en cómplices de la represión. Un empresario británico, Stephen Purvis, relató en su libro “Close But No Cigar” cómo pasó años preso en la sede de la Seguridad del Estado, Villa Marista, no por realizar actividades políticas, sino porque el régimen decidió expropiar su inversión. No ha sido el único empresario encarcelado injustamente.
La apertura económica sin Estado de derecho no es desarrollo, es piratería. El modelo chino es un fracaso. En Cuba, la ausencia de tribunales independientes, de derechos de propiedad y de políticas de rendición de cuentas convierte a todo inversionista extranjero en una víctima potencial. El cambio real comienza con la restauración del Estado de derecho: la condición previa para cualquier recuperación económica genuina y para poner fin a las oleadas de migración desesperada que agobian tanto a Estados Unidos como a América Latina.
El régimen de Castro puede no colapsar mañana, pero se está debilitando desde dentro.
Más de 1.200 presos políticos cubanos, que es un número parcial, y aproximadamente 700 de ellos detenidos durante las protestas del 11J, permanecen tras las rejas. Su cautiverio constituye una moneda de cambio: el salvavidas del régimen.
La presión, y no las banalidades, es lo único que ha hecho moverse a La Habana. La alternativa no es la paz, sino la erosión constante de la libertad en nuestro propio vecindario, y más allá. Las democracias de todo el mundo deben dejar de fingir lo contrario.
Al mismo tiempo, el movimiento cubano pro-democracia debería aprovechar la posible apertura (o debilidad) del régimen intensificando la campaña de la lucha cívica no violenta, sin recurrir a la violencia ni mezclarla con ella, y sin subordinarse a los posibles futuros esfuerzos militares de Washington.
Por JOHN SUÁREZ
