La exmandataria argentina y su círculo cercano deberán responder por los perjuicios al Estado derivados de contratos adjudicados con sobreprecios
La Justicia argentina confirmó este viernes la confiscación de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, como parte de la restitución al Estado de cerca de 685.000 millones de pesos por el escándalo de corrupción conocido como caso Vialidad.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, que rechazó por unanimidad los recursos presentados por las defensas y ratificó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2.
El fallo establece que, de no cumplirse el pago en un plazo de diez días, se avanzará en la ejecución de los bienes embargados, lo que incluye su eventual remate en subasta pública para recuperar los fondos vinculados a las irregularidades detectadas.
Corrupción
La causa Vialidad se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en Argentina, al documentar el direccionamiento de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, con millonarios sobreprecios y proyectos inconclusos que generaron pérdidas al Estado.
Entre los bienes alcanzados por la medida figuran dinero en efectivo, más de 200 propiedades, sociedades comerciales, decenas de apartamentos —la mayoría vinculados a Báez— y vehículos, que serán utilizados para compensar los perjuicios ocasionados por 51 licitaciones cuestionadas.
De acuerdo con los registros oficiales, Fernández de Kirchner declaró un patrimonio de 250 millones de pesos en su última declaración jurada, luego de transferir gran parte de sus activos a sus hijos mediante un anticipo de herencia.
Prisión domiciliaria
La exmandataria cumple una condena de seis años de prisión en régimen domiciliario por su responsabilidad en la adjudicación irregular de obras viales a Báez, considerado un empresario cercano y presunto testaferro del kirchnerismo.
Pese a la contundencia de las decisiones judiciales, Fernández de Kirchner insiste en que es víctima de una supuesta persecución política y judicial, un argumento rechazado por sectores que consideran el fallo como un avance en la lucha contra la corrupción en el país.
FUENTE: Con información de Europa Press
