El Gobierno encargó un informe jurídico ante una contingencia electoral que quiere evitar a toda costa, pero que ya no descarta
Con la ley en la mano, si la próxima semana fracasa la investidura de Mariano Rajoy y en dos meses no se elige a un presidente del Gobierno, habrá de nuevo elecciones generales, y serán el 25 de diciembre. En el PP y en La Moncloa se espera que no se llegue a ese extremo, que marcaría un hito internacional, pero el bloqueo cerrado del PSOE ha obligado a estudiar la posibilidad de evitar que la vuelta a las urnas coincida con el día de Navidad. Los populares tienen pensada ya la fórmula para adelantar esas elecciones al 18 de diciembre, una posibilidad que el PSOE también apoyaría.
Para Rajoy y su Gobierno en funciones, el objetivo número uno es lograr la investidura y sacar a España de esta parálisis política, que supera ya los 300 días desde que se disolvieron las Cortes en octubre de 2015, y recuperar la «normalidad institucional». La convocatoria de unas nuevas elecciones es una hipótesis que quieren ver lejana. «Sería un ridículo mundial», ha advertido el candidato del PP en numerosas ocasiones.
Pero la aritmética parlamentaria es la que es, y sin la participación del PSOE parece bastante improbable que Rajoy pueda ser investido, ni la semana que viene ni más adelante. Los 170 votos que lograría el PP con Ciudadanos y Coalición Canaria no serían suficientes frente a los 180 «noes» inflexibles anunciados por el resto de los grupos parlamentarios.
Ante esta situación, en La Moncloa se solicitó a los servicios jurídicos un informe para estudiar «a fondo» las posibilidades legales que existen de agilizar los plazos y evitar que las elecciones coincidieran con el día de Navidad. «Es una previsión de contingencia», subrayan en el entorno de Rajoy.
La Constitución marca los primeros plazos, que luego se completan con los fijados por la ley orgánica Electoral. Desde el Gobierno en funciones se ha descartado modificar ahora la Carta Magna para acortar los tiempos, y se ha preferido una reforma exprés, llegado el momento, de la ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Ahora mismo, desde la disolución de las Cortes transcurren 54 días hasta la celebración de las elecciones. Así lo establece la ley Electoral, aunque la Constitución permite que las elecciones tengan lugar «entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato» parlamentario.
Las fuentes de Moncloa consultadas por ABC creen que lo mejor sería reducir ese plazo hasta el límite más bajo, los 30 días. Supondría recortar 24 días, pero eso significaría apurar aún más los plazos de presentación de coaliciones, candidaturas, recursos, voto por correo y todas las fases que se deben ir cumpliendo. En definitiva, es recortar las garantías y eso merece «una reforma con más reflexión y pausada», que podría hacerse en el futuro, pero que en este momento sería «precipitada», según las fuentes consultadas.
Lo más sencillo sería acortar la campaña electoral, que según la ley Electoral tiene que durar 15 días. Una modificación urgente de esta ley podría dejarla en ocho días, y dejar intactos el resto de los plazos previstos. Eso supondría que las elecciones fueran el domingo 18 de diciembre, y no el 25.
Al ser orgánica, la ley Electoral solo podría modificarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (176 votos), es decir sería necesario un acuerdo, pero podría salir adelante sin la participación de alguno de los grandes. No obstante, sería impensable reformar «las reglas del juego» sin el consenso de los principales partidos, según advierten los populares.
Desde la Moncloa se subraya también que la iniciativa tendría que partir de los partidos, mediante la presentación de una Proposición de ley orgánica conjunta. El Gobierno en funciones no tiene capacidad de aprobar proyectos de ley, por lo que su papel se ha limitado a explorar las posibilidad legales que existen para acortar los plazos y evitar la convocatoria en un día tan señalado como el de Navidad.
El Gobierno en funciones respalda, así, la opción «más clara» de recortar la campaña electoral, pero también defiende que en el futuro pueda abrirse la ley para que las convocatorias electorales se acerquen más al mes que a los dos meses, como ocurre ahora. Respecto a la modificación de la Constitución, en La Moncloa también son partidarios de «tocar» el ya famoso artículo 99, para «aligerar» todo el proceso de presentación de sucesivos candidatos.
En el Senado, el portavoz socialista, Óscar López, reconoció que su partido es partidario de buscar fórmulas para evitar la «salvajada» y el «chantaje» de convocar elecciones el 25 de diciembre.