El Gobierno, el PSOEy Ciudadanos advierten del riesgo de convocar un referéndum liderado por Podemos si no se logra un acuerdo más amplio. Rajoy pone líneas rojas a la reforma y exige consenso con un objetivo claro
El resultado del referéndum constitucional en Italia, que obligó a dimitir a Matteo Renzi, ha hecho pisar el freno a los grandes partidos justo cuando el debate sobre la reforma en España empezaba a tomar cuerpo. En la recepción de ayer en el Congreso, con motivo del 38 aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno y los máximos dirigentes del PSOE y Ciudadanos condicionaron la modificación de la Carta Magna a un alto nivel de consenso. En privado, expresaron sus temores sobre el riesgo que supondría convocar un referéndum en nuestro país liderado por Unidos Podemos si esta formación, con 71 diputados, no se suma al acuerdo.
Consenso fue, pues, la palabra más repetida ayer entre los partidos constitucionalistas. Nada más llegar al Congreso, Mariano Rajoy hizo un elogio de la Constitución de 1978 y subrayó que «se puede modificar». Eso sí, primero hay que saber «qué se quiere reforma, qué asuntos se tratan, qué se va a tocar y que no». Para hacer ver que hay múltiples propuestas, y ningún acuerdo de momento, respondió así a un periodista que le inquirió sobre su propuesta concreta: «¿Y la suya?».
El Gobierno no solo quiere consenso previo, sino que lo considera imprescindible siquiera para empezar a hablar. Sostiene, además, que ese acuerdo sobre los objetivos debería existir antes de que empezara a trabajar una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados.
En La Moncloa, además, han tomado buena nota de lo que ha ocurrido en Italia el fin de semana. «¡Ahora voy a convocar yo un referéndum!», comentó Rajoy con cierta ironía en una charla informal con periodistas. En realidad, el Gobierno considera «kamikaze» abrir el melón constitucional, cerrarlo entre unos pocos y a continuación celebrar una referéndum para su ratificación, que sin duda intentaría liderar Podemos para poner en cuestión todo el modelo constitucional. El referéndum es una posibilidad que incluye la propia Constitución, cuando se acomete alguna reforma de su articulado. Una vez aprobada una modificación por las Cortes Generales, «será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de la Cámara». Con la firma de 35 diputados de Podemos el referéndum, pues, se celebraría, y eso no hay mayoría en las Cámaras que pudiera impedirlo.
Ayer, Pablo Iglesias, que no quiso participar en los actos oficiales, publicó un vídeo en el que advertir que tiene diputados suficientes para forzar ese referéndum. «Nosotros tenemos una fuerza parlamentaria por primera vez en la historia lo suficientemente fuerte para que si quieren imponer un cambio en la Constitución nosotros podamos hacer que eso lo tenga que votar en referéndum el pueblo español».
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alertaba en los tradicionales corrillos que se organizaron en el salón de los pasos perdidos del Congreso del peligro de polarización social si se acometiese una reforma sin el consenso suficiente: «No se puede hacer con Podemos pidiendo el no en un referéndum».
Lo que sí que pueden evitar tanto el Congreso como el Senado (donde el PPtiene mayoría absoluta), es que salga adelante una reforma de la Constitución si no hay mayoría suficiente. El Gobierno puso otras condiciones para empezar el debate. También pretende esperar a que el PSOE resuelva su congreso federal antes de iniciar las conversaciones. Y ha fijado sus propias líneas rojas.
Rajoy explicó lo que se debe «preservar» por encima de todo, para que quede claro que esto no es una enmienda a la totalidad, y hay asuntos que no se tocan. En primer lugar se refirió a la unidad de España, pero también a la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles, sus derechos y libertades, la pertenencia de España a la Unión Europea y los pilares del Estado del Bienestar. «Se puede hablar de la reforma, pero debemos ser prudentes, saber lo que queremos modificar y lo que no», advirtió Rajoy. Y, sobre todo, subrayó que este no es un asunto «para ocurrencias ni frivolidades».
De la misma prudencia hizo gala el presidente de la gestora del PSOE, el presidente de Asturias, Javier Fernández. «Previamente lo que buscaremos es el consenso para que efectivamente se forme esa subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional y se busquen los consensos con los que hacer esas reformas», señaló.
Es la misma línea que quiere seguir Albert Rivera. Tanto él como su número dos, José Manuel Villegas, explicaron ayer que su intención es «empezar a trabajar ya», a través de una mesa de trabajo de todos los partidos para ver qué consensos son posibles. «Fijar el perímetro», en palabras de Villegas. Pero a la vez ser consciente de que la modificación debe ser al final de la legislatura, «como broche a una etapa de reformas». Por ejemplo, se prioriza que la comisión constitucional aborde primero una subcomisión para afrontar el cambio en la ley electoral. También coincidieron PSOE y Ciudadanos en la cuestión territorial. Antes las tensiones con el PSC y otras federaciones más cercanas a los postulados de Podemos, Fernández fue contundente: «Hay una sola nación, que es la nación soberana». El presidente de la gestora quiso dejar claro que su partido no va a salir del marco de la declaración de Granada en estos momentos de convulsión interna: «El significado de nación desde el punto de vista constitucional no incorpora otro que el que establece el artículo 2 de la Constitución, que nosotros no planteamos cambiar».
Por su parte, Rivera también pidió «nunca asumir el debate de la ruptura», y defendió el principio de soberanía nacional: «La solución no es dividirnos por identidades». Rivera insistió en que una reforma no es factible sin el concurso de Podemos, pero dijo que espera que los de Iglesias no planteen como «moneda de cambio» que se incorpore el derecho a decidir.
Ciudadanos quiere que el debate global sea pausado, pero a la vez quiere plantear en los primeros meses de 2017 una propuesta para abordar una «reforma exprés» de la Constitución para suprimir los aforamientos que se recogen en la Carta Magna: diputados, senadores y miembros del Gobierno
