martes, febrero 7, 2023
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IDEA rechaza decreto de Petro que libera a acusados de graves delitos

IDEA rechaza decreto de Petro que libera a acusados de graves delitos

«Preocupa que el Gobierno pretenda facilitar que personas con graves evidencias eludan sus responsabilidades ante la justicia», considera el Grupo IDEA

El Grupo IDEA se pronunció recientemente sobre el decreto presidencial 2422 firmado por Gustavo Petro en Colombia con el que se liberan de prisión a individuos involucrados en recientes y graves delitos comunes contra servidores públicos y contra la vida, la propiedad y bienes de la nación ocurridos en las protestas sociales de 2021 contra el gobierno de Iván Duque.

A través de un comunicado, los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas aseguraron que «preocupa que el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas».

El decreto presidencial, no detalla el número de personas que serán liberadas, y crea una “comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana”, encabezada por los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, y la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia.

La principal función de dicha comisión, señala el documento, está “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Ante esto, el Grupo IDEA suscribe:

Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, a propósito de la orden que mediante decreto avanzaría el presidente de Colombia para liberar a individuos involucrados en recientes y graves delitos comunes contra servidores públicos y contra la vida, la propiedad y bienes de la nación, consideran su deber señalar lo siguiente:

La defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos.

El ordenado funcionamiento de los poderes conformados independientemente reconoce las potestades que distintas constituciones de la región conceden a los jefes de Estado para otorgar indultos, a los poderes legislativos para acordar amnistías y, por supuesto a los poderes judiciales para impartir Justicia.

Bajo esa premisa, preocupa que el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia. Para conseguir ese objetivo planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que sólo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz.

De ser así, se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia, elementos esenciales de una de lasdemocracias más antiguas del continente.

Por ese motivo, respaldamos las preocupaciones por varias autoridades judiciales de Colombia a través de los medios de comunicación social y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia.

En tal orden, los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben hacen propio el pronunciamiento que en materia tan delicada ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú en 2018, a saber “que un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.

De donde “existe una tendencia creciente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional respecto a limitar que las condenas impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean perdonadas o extinguidas por decisiones discrecionales de los Poderes Ejecutivo o Legislativo”.

Diciembre 13, 2022

José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Felipe Calderón, México
Alfredo Cristiani, El Salvador
Iván Duque M, Colombia
Federico Franco, Paraguay
Vicente Fox Q., México
Eduardo Frei T., Chile
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle H, Uruguay
Mauricio Macri, Argentina
Jamil Mahuad W., Ecuador
Carlos Mesa G., Bolivia
Lenin Moreno, Ecuador
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Es auténtica:

Asdrúbal Aguiar
Secretario General del Grupo IDEA

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