Organizaciones civiles presentaron un informe donde acusan al máximo juzgado de «darle la espalda a los ciudadanos para ponerse a favor del poder»
Con las 41 sentencias que a lo largo de este año ha dictado contra la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha alejado “de los verdaderos intereses de la sociedad (…) sólo para complacer o mantener a quienes hoy están en el poder”. Sin embargo, esta conducta no es nueva sino que se viene registrando casi de manera sistemática desde que esta instancia sustituyó a la extinta Corte Suprema de Justicia en el año 2000.
Al menos esta es la conclusión a la que arriba el “Memorial de Agravios del Poder Judicial” que ocho organizaciones civiles venezolanas presentaron semanas atrás y en el cual no solo recopilaron los fallos que en la práctica han anulado al Parlamento ahora dominado por la oposición, sino también recordaron más de 100 dictámenes que en los últimos 17 años han salido del máximo juzgado y que “han afectado notablemente el derecho de acceso a la información, a la participación en la gestión en los asuntos públicos, a la libertad de expresión y la libertad de prensa, a la asociación, al sufragio, así como la independencia de poderes y los valores y principios del sistema democrático y de la administración de justicia”.
“Demostrar el daño irreparable que éstas (decisiones) están ocasionando en la vida, salud, vivienda y los restantes Derechos Humanos de los venezolanos solo para complacer o mantener a quienes hoy están en el Poder”. Ese es el objetivo de la iniciativa, según explicó Mildred Rojas, de Transparencia Venezuela.
En estos doce meses el máximo juzgado, y en particular su Sala Constitucional, ha anulado 11 de las 15 leyes que los diputados han aprobado, entre ellas aquella que instaba al Gobierno a solicitar a organismos internacionales ayuda para superar la escasez de medicinas o la que otorga la propiedad de las casas que ocupan a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hasta ahora la ley que prohíbe el uso de los teléfonos celulares en las cárceles es la única que se ha salvado de ser enterrada por el alto tribunal.
“El TSJ no solo es juez, sino registrador y legislador. Ejemplo de ello son las sentencias sobre la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, donde declaró que era venezolano sin un juicio y sin exhibir una sola prueba; o la que aprobó el presupuesto nacional, donde se saltó una competencia exclusiva del Parlamento”, denunció Laura Louza, de la agrupación Acceso a la Justicia, una de las que participó en la elaboración del reporte y quien aseguró que la manera cómo se han venido eligiendo a los magistrados es la causa de la actual situación.
“El Comité de Postulaciones Judiciales, según la Constitución, debe estar conformado por miembros de la sociedad civil y los diputados solo deben participar al final, pero desde el 2000 ellos vienen interviniendo en todas las fases y esa intervención se ha traducido en el control político que el chavismo viene ejerciendo sobre el TSJ”, denunció Laura Louza, de Acceso a la Justicia, quien agregó: “Gracias a la manera cómo se han nombrado a los magistrados el TSJ ha dado la espalda a los ciudadanos, a la Constitución y se ha puesto al lado del poder. El TSJ, en lugar de controlar, funge de abogado defensor del Gobierno y del Presidente de la República. ¿Por qué? Porque al controlar al controlador controlas todo”.
En la actualidad ocho de los magistrados fueron antes funcionarios de los gobiernos del fallecido Hugo Chávez o de Nicolás Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela, empezando por su presidenta, la magistrada Gladys Gutiérrez, quien fue candidata a la gobernación de Nueva Esparta, embajadora en España y procuradora de la República.
Desde 2004 hasta 2013 las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral del máximo juzgado dictaron 45.474 sentencias y ninguna de ellas fue contra los intereses del Ejecutivo o del chavismo, según un estudio publicado en 2014 por la organización Un Estado de Derecho.
Además de señalar los atentados contra derechos que con forma de sentencias salen del máximo juzgado, el Memorial persigue presentar una serie de recomendaciones con miras a reformar el sistema de justicia.
La revisión del proceso de elección de los magistrados y de los jueces es unas peticiones que con mayor insistencia se hacen desde organismos internacionales. En el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que Venezuela se sometió en noviembre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el asunto volvió a plantearse como una necesidad imperiosa para garantizar la independencia judicial.
En la actualidad de los más de dos mil jueces que hay en el país, el 66% son provisorios, temporales o accidentales; es decir que son designados por la Comisión Judicial del TSJ sin ningún procedimiento y de la misma manera pueden ser removidos. Esto a pesar de que el artículo 255 de la Constitución establece que “el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley”.
Desde 2006 en el máximo juzgado no ha llamado a un solo concurso para asignar a abogados tribunales. Sin embargo, el pasado día 6 apareció en la prensa un aviso público del organismo convocando a todos los profesionales del Derecho que actualmente se desempeñan como jueces provisorios de Caracas y los vecinos estados Miranda y Vargas a participar en unos concursos para hacerse con la titularidad de su cargo.
No obstante, en su resolución 2016-0468 el TSJ no precisó cuándo se realizarán las pruebas, las cuales serán evaluadas por los magistrados comenzando por la magistrada Gutiérrez, pero sí dejó en claro que el proceso será distinto a los anteriores, pues los aspirante no solo deberán superar unas pruebas psicológicas, orales y escritas, sino que después deberán participar en un curso de nivelación de 15 días.
Pero ni siquiera la aprobación del curso de nivelación garantiza nada, pues el artículo 12 de las normas del concurso le otorgan a la Comisión Judicial la potestad de revisar la calificación y de “practicar un examen definitivo” posterior.
20 de las 41 sentencias que el TSJ dictó contra la AN fueron a petición expresa del presidente Nicolás Maduro.
El TSJ ha avalado los tres decretos de estado de excepción de Maduro y sus respectivas prórrogas.
Bajo la excusa del desacato, por no desincorporar a los tres diputados opositores de Amazonas, la Sala Constitucional le ha anulado al Parlamento potestades tales como la posibilidad de ejercer control sobre el Gobierno, la Fuerza Armada y los demás poderes; de dictar leyes o reformarlas, incluyendo su propio reglamento. También le ha impedido sancionar políticamente a funcionarios públicos, aprobar el presupuesto nacional y designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
