lunes, noviembre 28, 2022
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Daniel Ortega ordena controlar a diplomáticos acreditados en el país

El Gobierno de Ortega, señalado por sus detractores como una dictadura dinástica, reformó, mediante decreto, el reglamento de la Ley 290 que crea la Dirección General de Atención a connacionales, personal diplomático y consular

El control sandinista sobre las representaciones extranjeras en el país no termina con la exigencia de requisitos a grupos religiosos y culturales. El régimen de Daniel Ortega pretende controlar, a través del Ministerio de Gobernación y no por medio de Relaciones Exteriores, toda la información relacionada con el servicio diplomático acreditado en Nicaragua.

El Gobierno de Ortega, señalado por sus detractores como una dictadura dinástica, reformó, mediante decreto, el reglamento de la Ley 290 que crea la Dirección General de Atención a connacionales, personal diplomático y consular, entre otros asuntos, acreditados en Nicaragua.

Con esta reforma, el Gobierno traslada del Ministerio de Relaciones Exteriores al de Gobernación las facultades de tramitar visas diplomáticas y oficiales, así como carné de identidad a representantes diplomáticos, organismos internacionales, agencias de cooperación y organismos no gubernamentales acreditados en Nicaragua.

Esta medida también se hará cargo “de recibir, clasificar, distribuir y resguardar la correspondencia recibida en valija diplomática, hasta su destino final”, lo cual podría ser una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece el respeto inviolable a la correspondencia diplomática.

«Las funciones del ministerio de Gobernación van más allá del ámbito migratorio» en la prestación de servicios a nacionales y extranjeros, señala el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Añade el documento que el nuevo organismo debe «velar que la valija diplomática contenga únicamente correspondencia de uso oficial».

El traslado de esta facultad a Gobernación es parte de la táctica de contra inteligencia presentada por el presidente Ortega, para controlar la información del servicio exterior, incluyendo espías o acciones de organismos del exterior, como la Agencia Central de Inteligencia, radicada en EEUU. “Ese es el objetivo de esta ley”, según explicó el especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, al diario local La Prensa.

“Aquí el tema es la construcción acelerada del Estado policíaco. Todo esto sigue un mismo patrón de paranoia propia de los regímenes dictatoriales, en donde quieren controlar y entrometerse en todas las esferas de la vida social y todos los ámbitos”, aseguró el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez.

“Aquí todo el mundo es sospechoso hasta que las agencias del Gobierno, de inteligencia, contrainteligencia y policiales no verifiquen que no eres un delincuente, que no eres culpable. Yo creo que la comunidad internacional debería tomar nota con mayor atención”, aseguró Álvarez.

En tanto, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, considera como censura previa el control que el Gobierno hará con los diplomáticos y que la Cancillería se convertirá en un ministerio “pintado en la pared”.

El primer país en reaccionar a la medida ha sido Costa Rica. El embajador costarricense en Nicaragua, Eduardo Trejos, afirmó que su país hará valer la privacidad de sus comunicaciones diplomáticas.

Según la Convención de Viena, “no permitimos que ninguna información de nuestra embajada o consulado, sea vista por ningún país, tal y como lo resguarda la Convención», dijo el embajador al diario La Nación.

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