El proyecto de ley del Sistema Nacional de Integración busca implementar políticas destinadas a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo social
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la sexta fase de su plan de seguridad, denominada “Integración” con un enfoque en las necesidades a medio y largo plazo de la población más vulnerable del país centroamericano.
Durante su discurso con motivo del Día de la Independencia de El Salvador, Bukele lanzó la nueva etapa del Plan Control Territorial (PCT). Fase que implicará una inversión anual de 30 millones de dólares.
Reducción de la pobreza
El proyecto de ley del Sistema Nacional de Integración, a diferencia de las otras fases, que se enfocaron en la lucha contra la inseguridad, busca implementar políticas destinadas a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo social, con un enfoque en la capacitación vocacional, técnica y profesional.
El gobierno salvadoreño creará la Dirección Nacional de Integración, que estará dirigida por el especialista argentino Alejandro Gutman, quien encabeza la organización no gubernamental Fundación Forever, indica una nota de AP.
Gutman tiene más de 20 años de experiencia en las comunidades más desfavorecidas, apoyando a la juventud y ayudando al crecimiento de las comunidades más vulnerables de El Salvador.
Integración de los sectores
Bukele aseguró que el Estado, las empresas privadas, las universidades y el resto de los sectores de la sociedad deben integrarse para combatir la pobreza.
En ese sentido, hizo un llamado a colaboradores locales e internacionales, y gobiernos amigos, a respaldar los objetivos del plan. “Muchos de esos gobiernos compartirán su enfoque en la lucha contra la inseguridad y podrán ofrecer su apoyo”, detalló en su discurso transmitido por cadena nacional.
El primer mandatario precisó que con esta nueva fase el país logrará «botar esos muros invisibles que aún quedan en las comunidades e integrar a la gente de todo el país”.
Plan de seguridad de Bukele
En su discurso, Bukele dijo que gracias a su plan de seguridad que inició en 2019 con el “Plan Control Territorial”, El Salvador es “un referente de superación, el país más seguro de Latinoamérica”.
“Hemos reducido la migración irregular, hemos dejado de estar en el top 10, pero aún falta. Estamos en el camino, lento pero seguro, a tener migración inversa”, añadió.
“Cuando asumimos el gobierno, El Salvador tenía muchos problemas de todo tipo, pero no había uno más urgente que la inseguridad. Convertir a El Salvador en un país seguro era nuestro problema más urgente. Entre todos los logros que hemos tenido en el área de la seguridad, lo dice la gente, es que eliminamos esas fronteras invisibles entre las comunidades”, expresó Bukele citado por AP.
De acuerdo con el texto, en 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con 5.656 homicidios, equivalentes a 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Con la implementación de las duras políticas contra las pandillas, la Policía Nacional registró 142 homicidios entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2023. Un 72% menos en computación con los 519 homicidios repostados en 2022 durante el mismo periodo.
Además, en el transcurso de este mes, se registraron 10 días consecutivos sin ningún homicidio.
Presupuesto dividido
El presidente enfatizó que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) contará con menor presupuesto, puesto que que el presupuesto actual que es de 60 millones, se dividirá con la nueva Dirección Nacional de Integración.
“Del presupuesto actual que es de 60 millones, usaremos 12 millones para el nuevo INSAFORP, y otros 30 millones financiarán la fase 6 del Plan Control Territorial, la Dirección de Integración y todos los proyectos que hagan; y 18 millones restantes servirán para impulsar aún más la digitalización del sistema educativo y reducir aún más la brecha digital que todavía existe”, detalló.
Régimen de excepción
En marzo de 2022 la administración de Bukele impuso el estado de excepción, suspendiendo los derechos en El Salvador. Una estrategia enmarcada en la “guerra contra las pandillas”, a la que el gobierno salvadoreño ha destinado más de $180 millones. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha destinado numerosos recursos para su implementación.
Según datos oficiales, más de 72.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido arrestados durante este tiempo, y más de 7.000 personas fueron puestas en libertad debido a la falta de pruebas en su contra. Mientras que quienes se encuentran en prisión son acusados de agrupación ilícita con detención provisional sin condena firme.
FUENTE: Con información de AP y La Nación
