Un alcalde del estado mexicano de Puebla (centro) fue asesinado a tiros la noche del lunes cuando viajaba en su vehículo, siendo el tercer presidente municipal asesinado en el país en menos de quince días, informaron este martes autoridades.
El cuerpo de José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlan El Grande, fue hallado con varios “impactos de arma de fuego” al lado de su camioneta, que también recibió disparos en la ventana del conductor y en la parte frontal, según un informe policial.
Cerca del vehículo, que estaba abandonado en una carretera cercana a su municipio, también se observaban varios casquillos, dice el informe al apuntar que el edil viajaba acompañado de su secretaria, que no estaba en el lugar de los hechos al momento del hallazgo del cuerpo.
Posteriormente, la fiscalía de Puebla emitió un comunicado donde informó que, según las primeras indagatorias “que incluyen datos de prueba y el testimonio de una persona que acompañaba al edil”, se investiga si el homicidio pudo deberse a un intento de robo, sin descartar otras líneas.
“En el lugar de los hechos había piedras sobre la carretera para impedir el paso de la camioneta” y los hombres que la interceptaron “exigían el dinero de la nómina”, señaló la fiscalía sin dar la identidad de los hombres.
La persona que acompañaba a Santamaría también dijo que “el robo no se consumó” porque no había “recurso alguno en la camioneta”.
Santamaría Zavala, de 44 años, era miembro del partido izquierdista Movimiento Ciudadano y fue electo en 2013 como alcalde de este municipio ubicado a unos 180 km de la Ciudad de México.
El año pasado, decenas de vecinos de este pequeño pueblo de 7,000 habitantes se manifestaron contra la inseguridad y la alcaldía permaneció cerrada algunos días.
Puebla no está entre los estados más azotados por la violencia ligada al narcotráfico en México, pero protagoniza periódicamente linchamentos y últimamente ha sufrido episodios violentos -como el asesinato de una familia de 12 personas en junio en Coxcatlán- y es la zona con mayor robo de combustible del país.
Este homicidio se suma a los cometidos el pasado 23 de julio contra el alcalde del turístico pueblo indígena de San Juan Chamula, en Chiapas (sur), que fue asesinado a balazos por una turba de manifestantes, y el de Pungabarato, en el violento Guerrero (sur), que tenía asignados escoltas por las amenazas recibidas del crimen organizado.
Desde 2006, cuando empezó la llamada guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, 41 alcaldes en funciones, siete electos y 32 exalcaldes han sido asesinados en México, según la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC).
Al lamentar el último de ellos, la ANAC solicitó este martes nuevamente una reunión con el secretario de Gobernación (Interior) para “conjuntamente sentar las bases de un protocolo de seguridad para autoridades municipales”.
“Es mucha la vulnerabilidad. Los municipios, al final, son una presa relativamente fácil del crimen organizado porque sus policías están amenazadas o compradas y los alcaldes también están amedrentados o se pueden vincular al narco por supervivencia”, dijo el politólogo José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La situación tiene difícil solución pero podría mejorar si el gobierno implementa un mando único policial que evite la corrupción, estima el experto.
Varios alcaldes y policías locales de México han sido acusados de tener vínculos con grupos del crimen organizado.
El lunes, de hecho, el alcalde de Álvaro Obregón, Michoacán (oeste), fue detenido junto a cuatro policías en relación a la muerte de 10 personas que el sábado fueron halladas calcinadas en una camioneta.
Uno de los casos más sonados de alcaldes corrompidos fue el de José Luis Abarca, alcalde de Iguala (Guerrero), donde en septiembre de 2014 fueron atacados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa por policías que, igual que el edil, aparentemente estaban coludidos con el cártel local de Guerreros Unidos.