sábado, julio 2, 2022
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Cuando el Gran Hermano vigila: el espionaje a ciudadanos en era digital

Fue un escándalo nacional: la entonces vicepresidenta de Perú acusó a dos agentes de inteligencia doméstica de vigilarla.

FRANK BAJAK y JACK GILLUM
Associated Press

Luego, un importante congresista culpó a la agencia de espionaje de haber forzado la entrada a su oficina. Las historias en la prensa mostraban que la agencia había recopilado información sobre cientos de peruanos influyentes.

Sin embargo, tras el escándalo del año pasado, que forzó la destitución del presidente del Consejo de Ministros y congeló las labores de inteligencia de la agencia, el servicio de espionaje continuó con un programa de $22 millones capaz de espiar a miles de peruanos a la vez. Perú, uno de los principales productores de cocaína, se unió a la lista de gobiernos en el mundo que han agregado spyware comercial a su arsenal.

La compra hecha a la compañía israeliestadounidense, Verint Systems, registrada en documentos obtenidos por The Associated Press, permite dar un vistazo inédito tras bambalinas a lo fácil que es para un país comprar e instalar el equipo de espionaje. El software permite que gobiernos intercepten llamadas de voz, mensajes de texto y correos electrónicos.

A excepción de países en la lista negra como Siria y Corea del Norte, se puede hacer poco para impedir que gobiernos que de forma constante infringen los derechos básicos obtengan el mismo equipo conocido como “interceptación legal” que se ha vendido a la policía y agencias de espionaje de Occidente. La gente monitoreada por la tecnología ha sido golpeada, encarcelada y torturada, de acuerdo con grupos defensores de derechos humanos.

Los objetivos identificados por AP incluyen a un bloguero en la represiva república asiática de Uzbekistán, activistas de oposición en el atribulado país africano de Sudán del Sur, y políticos y reporteros en Trinidad y Tobago, en el Caribe.

“El statu quo es totalmente inaceptable”, dijo Marietje Schaake, una legisladora de la Unión Europea que propugna por una mayor supervisión. “El hecho de que este mercado prácticamente no se regule es muy inquietante”.

Los documentos de Verint que AP obtuvo en Perú, incluidos manuales de capacitación, contratos, emails y recibos, ofrecen detalles hasta ahora desconocidos sobre una industria muy reservada.

“Hay muy poca información confiable sobre esto”, dijo Edin Omanovic, un investigador de Privacy International, un grupo activista con sede en Londres. “Estas herramientas comerciales son utilizadas de una forma estratégica y ofensiva muy similar a como se utilizan herramientas militares”.

El alcance y sofisticación revelados en los documentos de Perú se aproximan, aunque en menor escala, a los programas de vigilancia de Estados Unidos y Gran Bretaña descritos en el 2013 por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Esa información mostró cómo el gobierno estadounidense recopilaba registros telefónicos de millones de estadounidenses, pocos de ellos sospechosos de cometer crímenes. Incluso después de algunas reformas, falta mucho por hacerse en Estados Unidos y en el extranjero para controlar al Gran Hermano, dijeron defensores de la privacidad.

En las oficinas centrales de Verint en Melville, Nueva York, la asistente del director general, Dan Bodner, dijo que la compañía no haría comentarios. “En general no hacemos comentarios a la prensa”, dijo Barbara Costa.

Verint y sus principales competidores vienen de países con agencias de espionaje bien financiadas, como Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y Alemania, y han operado con supervisión limitada.

Con más de $1,000 millones en ventas, Verint es un viejo participante en una industria cuya discreción hace que sea difícil dimensionar su tamaño. Verint Systems Ltd., el subsidiario que vendió el paquete de vigilancia a Perú, está afincado en Herzliya, Israel, en las afueras de Tel Aviv.

En documentados presentados ante dependencias reguladoras, la compañía dice tener más de 10,000 clientes en más de 180 países, incluidas la mayoría de las compañías más grandes del mundo y agencias del orden público de Estados Unidos. La compañía dice que sus productos ayudan a que los comercios funcionen mejor y “hace que el mundo sea un lugar seguro”. En 2007, Verint proporcionó a México una plataforma de vigilancia financiada por Estados Unidos con un valor de $3 millones cuyo objetivo era luchar contra los cárteles de drogas.

Las ventas de material de espionaje representan cerca de una tercera parte de sus ventas. Sin embargo, la compañía revela poco sobre esos productos, los cuales –dice– recolectan y analizan grandes cantidades de información para “detectar, investigar y neutralizar amenazas”.

Tampoco identifica a sus clientes en el sector de seguridad pública y agencias de inteligencia, pero de forma independiente, AP confirmó a través de entrevistas y documentos que tiene ventas en países como Australia, Brasil, Estados Unidos, México, Colombia y Suiza.

Alrededor de la mitad de los acuerdos de vigilancia de Verint están en países en desarrollo, dijo el analista Jeff Kessler, de Imperial Capital, en Nueva York.

La instalación en Perú, conocida como Pisco en homenaje al brandy nacional, demuestra cómo la industria privada de espionaje se ha beneficiado de la multimillonaria inversión que realizan gobiernos de Occidente en vigilancia. Muchos expertos en seguridad que han perfeccionado sus habilidades en el ejército israelí se han ido a trabajar al sector privado, y con ello han puesto sus talentos tecnológicos al servicio de países menos sofisticados por una fracción del costo.

Al igual que las herramientas de espionaje utilizadas por países más grandes, Pisco le permite a funcionarios “interceptar y monitorear” redes satelitales que llevan tráfico de datos y voz, lo que, de forma potencial, pone en riesgos las comunicaciones privadas de millones de peruanos.

Un manual de software ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo interceptar esas comunicaciones con el equipo de Verint: conectarse a un satélite, identificar a la persona que llama, luego “abrir un producto de voz”; su argot para una llamada telefónica.

Lo que sigue en el diagrama de flujo: “Se escucha la voz”.

Desde principios de la década del 2000, Verint y su principal competidor, Nice Systems, han vendido productos de vigilancia masiva a la policía secreta en Uzbekistán, según una amplia investigación de Mari Bastashevski para Privacy International. De acuerdo con la pesquisa, las compañías también vendían dichos sistemas al vecino Kazajistán.

Los técnicos israelíes de ambas compañías han entrado y salido de Taskent, la capital de Uzbekistán, para ofrecer apoyo técnico y mantenimiento, halló Bastashevski. Nice Systems vendió el año pasado su división de espionaje a Elbit Systems, una importante compañía israelí de defensa.

El equipo ha permitido que la policía secreta de Uzbekistán ubique y arreste con rapidez a personas que discuten información sensible por teléfono o email, indican disidentes.

“La principal arma de las autoridades es el temor de la gente”, dijo Tulkin Karayev, un exiliado que vive en Suecia. “La libertad de discurso, libertad de expresión… todo está prohibido”.
Al preguntar AP si las ventas de Nice Systemas habían facilitado la represión política, la vocera de Elbit, Dalia Rosen, dijo: “Seguimos los estándares líderes de la gobernanza corporativa y nos enfocamos en el comportamiento ético para nuestros acuerdos comerciales”.

En las últimas dos décadas, Uzbekistán ha “encarcelado a miles para imponer un gobierno represor”, reportó el año pasado Human Rights Watch. El precio de la disidencia es la detención arbitraria, trabajos forzados y tortura, dijo el grupo. Un reporte presentado por tres grupos de derechos humanos a la ONU calificó la tortura por parte de la policía secreta de “sistemática, impune y motivada”.

Hace tres años, el trabajador metalúrgico Kudrat Rasulov se puso en contacto con Karayev de Uzbekistán vía Facebook para pedir consejo sobre cómo podría promover la libertad de expresión en su país. El exiliado dijo que sugirió a Rasulov, ahora de 46 años, escribir un comentario crítico de la prensa local. Los reportes semanales de Rasulov fueron publicados en internet con un seudónimo. Rasulov pensó que era cuidadoso. Creó una nueva cuenta de correo electrónico para cada artículo que enviaba y luego los dos hombres discutían los artículos a través de Skype. Pero tras seis meses, Rasulov fue arrestado. Ahora cumple con una sentencia de ocho años en prisión por subversión.

Karayev cree que Rasulov fue descubierto mediante vigilancia y Human Rights Watch coincidió con esto. La sentencia de la corte señaló que, en parte, fue declarado culpable por sus comunicaciones vía Skype y su contacto con Karayev, dijo el grupo en su reporte.

“Ellos leían el Skype. Escuchaban sus llamadas telefónicas. Así es como justifican sus acusaciones”, dijo Steve Swerdlow, autor del reporte.

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