No es que él no esté interesado, o que considere que su caso no es sólido, pero la idea de presentar una demanda judicial contra la administración de Obama no es algo que Javier García-Bengochea esté dispuesto a hacer.
FRANCO ORDOÑEZ
Se le ha sugerido que esa sería una opción de lucha contra lo que él considera uso ilegal y sancionado por el gobierno de Estados Unidos por parte de una línea de cruceros del puerto propiedad de su familia en Cuba, el cual fue confiscado por el gobierno cubano en 1960. Pero, aunque considera firmemente que tiene razón, él sabe asimismo que se trataría de una batalla hercúlea.
“Esta litigación tomaría años, si no más de una década”, dijo García-Bengochea. “La mayoría de los abogados no lo harían por cobrar sólo en caso de que ganen. Eso me llevaría a la quiebra”.
Las últimas medidas regulatorias del presidente Barack Obama para facilitar el comercio y los viajes a Cuba han indignado a muchos cubanoamericanos en el sur de la Florida, en el Congreso y en todo el país.
Pero, a pesar de la creencia de algunos miembros del Congreso y algunos especialistas legales de que las nuevas medidas de Obama violan la Ley Helms Burton de 1996, la cual establece estrictos límites sobre cuándo se puede restablecer el comercio con la isla, ellos saben que derogar la apertura hacia Cuba podría ser difícil.
“El método usado por la administración de Obama para desmantelar el embargo ha hecho extremadamente difícil deshacer lo que ellos han hecho, porque los procedimientos para derogarlo son limitados”, dijo un ex funcionario de la rama ejecutiva del gobierno federal que participó en la redacción de la Ley Helms Burton, pero que no quiso ser identificado al criticar otra administración.
El Congreso podría intentar el recurso de llevar a los tribunales a la administración, como lo ha hecho anteriormente, pero necesitaría hablar con una voz unificada, y no parece haber suficiente apoyo para hacer que eso sea posible. También podría aprobar una legislación para bloquear los cambios, pero no está claro si semejante esfuerzo podría ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso y ser firmado por el Presidente.
Alguien como García-Bengochea, quien cuenta con una reclamación certificada, podría llevar el caso a los tribunales. Casi 6,000 ciudadanos estadounidenses cuentan con intereses en reclamaciones contra el gobierno cubano por la confiscación de sus propiedades.
El hecho de que Cuba no reembolsara dichas reclamaciones fue lo que llevó en un inicio a la imposición del embargo.
García-Bengochea podría presentar una demanda bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual permite a los estadounidenses demandar a las compañías que “trafiquen” en propiedades de cubanos que el gobierno de la isla haya confiscado sin compensar a sus antiguos dueños en Estados Unidos. García-Bengochea señala que barcos cruceros operados por compañías de EEUU atracan actualmente en un puerto en Santiago de Cuba que era propiedad de su familia antes de que el gobierno cubano lo confiscara, sin hacerles pago alguno en 1960.
Pero Obama y otros Presidentes han suspendido esa cláusula como cosa de rutina, ya que ellos cuentan con la autoridad de impedir dichas demandas judiciales.
Eso no ha disuadido a oponentes como Mauricio Claver-Carone, director ejecutivo del comité de acción política U.S.-Cuba Democracy PAC. Claver-Carone se ha puesto en contacto con García-Bengochea y con abogados para ver quién podría presentar una demanda.
Eso podría tomar algún tiempo, pero lo han animado las revocaciones recientes de otras controversiales medidas de Obama, entre ellas el plan del Presidente de detener la deportación de algunas personas cuya presencia en el país es ilegal.
“Ellos han sido muy creativos”, manifestó Claver-Carone de la administración. “Puede verse que el método de la Casa Blanca ha sido el de estirar la ley lo más posible, y, en algunos casos, sacar el pie y ver si alguien protesta. Eso fue lo que ellos hicieron con la inmigración”.
Pero no está claro si se podría llevar a cabo una demanda. El grupo conservador Judicial Watch, el cual ha sido un factor importante en obligar al Departamento de Estado a dar a conocer los correos electrónicos de Hillary Clinton, está investigando cómo es que el Departamento del Tesoro autorizó a una gran compañía hotelera estadounidense a operar hoteles existentes en Cuba, y el representante Mario Diaz-Balart, republicano de Miami, ha tenido conversaciones sobre si la Cámara de Representantes podría tomar medidas legales.
Pero los republicanos no están ni con mucho tan unificados en su oposición a la apertura hacia Cuba como lo han estado en otros asuntos, como por ejemplo “Obamacare” e inmigración.
Algunos republicanos, como es el caso del senador Jeff Flake de Arizona, abogan abiertamente por estrechar los lazos con la nación isleña.
La Casa Blanca ha defendido sus medidas, afirmando que las mismas están dentro de la autoridad legal del Presidente, pero funcionarios de la administración no han ocultado el hecho de que están tratando de hacer que los cambios sean “irreversibles”.
El viernes, la administración de Obama anunció una nueva ronda de cambios regulatorios destinados a disminuir las restricciones de comercio, viajes y finanzas contra Cuba y dificultar a cualquier administración posterior el poder derogarlas. La asesora de Seguridad Nacional Susan Rice dijo que el “sentido común” impediría a otros el tratar de hacer más duro de nuevo el embargo.
“Sería un error profundo dar marcha atrás al reloj”, dijo ella.
Diaz-Balart expresó que cualquier esfuerzo por derogar las medidas de Obama en relación a Cuba probablemente tendrán que esperar por otro Presidente. Pero, por el momento, eso parece una posibilidad remota. La candidata demócrata Hillary Clinton, quien está a la cabeza de las encuestas, se ha comprometido a continuar las medidas de Obama para expandir los vínculos con Cuba.
El viernes pasado, Donald Trump y su candidato a la vicepresidencia, Mike Pence, prometieron derogarlas.
“El pueblo de Cuba ha sufrido por demasiado tiempo. Nosotros derogaremos las órdenes ejecutivas de Obama y sus concesiones a Cuba hasta que sus libertades sean restablecidas”, dijo Donald Trump en un mensaje de Twitter.
Otto Reich, quien fungió como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante el primer mandato del presidente George W. Bush, dijo que él veía que existe un fuerte apetito por combatir las medidas de Obama, y, aunque él no es abogado, considera que recurrir a los tribunales es un procedimiento válido para oponerse a la administración. Señaló que varias de las otras medidas de Obama han sido derogadas, y considera que el freno de las reglas ejecutivas de Obama respecto a Cuba es “altamente probable”.
“Lo que Obama está haciendo parece basarse más en razones ideológicas e ilusiones de lo que rige en sí la ley o, incluso, en el sentido práctico de nuestras medidas”, dijo Reich.