La magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y el catedrático de Derecho José Ignacio Hernández tacharon de «fraude» la propuesta presidencial
Por JUAN FRANCISCO ALONSO
“Fraude” y “estafa”. Estos son algunos de los calificativos que juristas y catedráticos en Derecho han dado a la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para “lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía el que imponga la paz, la armonía y el diálogo verdadero”.
“Lo primero que hay que decir es que esto no es una Constituyente, al menos no a la luz de lo que establece la Constitución, pero como este es un Gobierno experto en cambiarle el nombre a las cosas pretende engañar a la gente”, afirmó el catedrático de Derecho Administrativo de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila de Caracas, José Ignacio Hernández, quien denunció que lo anunciado por el mandatario no se ajusta a lo establecido en la Carta Magna, la cual establece que entre sus principios que la República es “democrática, participativa y protagónica”.
Hernández cuestionó el planteamiento de que la mitad de los 500 miembros de la Asamblea serán escogidos por los sindicatos, movimientos estudiantiles y consejos comunales y comunas, estos últimos no previstos en la Constitución.
“Los constituyentes no serán elegidos de manera universal y secreta, sino que se producirá una elección corporativa, tal y como ya ha ocurrido en regímenes autoritarios como los de la Unión Soviética o Cuba”, declaró, al tiempo que aseguró que con ello el Gobierno pretende “asumir las tareas de todos los poderes” y así “profundizar el golpe de Estado” vigente en el país desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le arrebató a la Asamblea Nacional las pocas potestades que le quedan y la inmunidad a la mayoría de sus miembros.
En similares términos se pronunció la magistrada emérita del máximo juzgado, Blanca Rosa Mármol de León, quien afirmó: “Esta supuesta Constituyente no se ajusta a lo establecido en la Constitución, porque él dice que es una Constituyente originaria, pero no lo es en realidad porque no la está convocando el 15% de los electores y además porque no es abierta para que cualquiera se pueda presentar y todos podamos votar, sino que será sectorizada”.
La exintegrante del máximo juzgado, quien es abierta partidaria de la puesta en marcha de esta figura para superar la actual crisis política, acusó al mandatario de pretender hacerse una Carta Magna a la medida.
“Quiere constitucionalizar el Plan de la Patria y las comunas”, denunció, al tiempo que desmintió a los voceros oficiales que han asegurado que el objetivo no es sustituir la Constitución sino mejorarla: “La Constituyente es para aprobar una nueva Constitución o para transformar el Estado, para lo cual se requiere una nueva Constitución también; si se quiere modificar la Constitución para eso están las enmiendas y reformas”.
Por su parte, Hernández advirtió sobre los riesgos que conlleva esta figura. “La Constitución no obliga a que la Constitución que produzca la supuesta Constituyente sea aprobada en referendo”.
El artículo 349 del texto fundamental solamente señala que “una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente”, pero no menciona nada de someter a votación popular el texto.
Al anunciar su decisión de convocar una nueva Constituyente, la segunda en 18 años, Maduro recordó que ningún poder constituido se puede oponer a lo que esta instancia establezca, lo cual fue interpretado como un mensaje al Parlamento dominado por la oposición.
Ciertamente el artículo antes mencionado señala: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, pero el jurista Gustavo Linares Benzo recordó que él también estaría limitado.
“Si bien la AN no puede obstruir la Constituyente, el Gobierno tampoco y dependiendo de cómo esté integrada podrían ser removidos los diputados o el presidente, porque para eso es plenipotenciaria”, apuntó.
