El Gobierno de España espera recaudar 150 millones de euros mediante «la regulación de la publicación de listados de deudores a la Hacienda Pública», esto es, modificando la lista de morosos.
Así lo contempla en la actualización del Plan Presupuestario 2017 que esta noche ha remitido a Bruselas, y en la que expone que «para fomentar el pago de las cantidades adeudadas, se regulará la posibilidad de no incluir en las listas a aquellos obligados que efectúen el pago, incluso tras comunicarles la propuesta de inclusión».
«Asimismo», prosigue el texto, «se modificará la redacción del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria para incluir a los responsables solidarios y subsidiarios». Esto supone que la Agencia Tributaria publicará los nombres de las empresas así como de los empresarios, administradores o directivos que no estén al día en sus pagos.
Con esta medida, el Ejecutivo quieren fomentar y dar motivos a los deudores para que regularicen su situación con Hacienda, y forma parte del conjunto de actuaciones con las que pretende recaudar 7.500 millones de euros. En esta cifra están incluidos los 4.655 millones que pretende obtener con el endurecimiento del Impuesto de Sociedades, los 150 millones del aumento del gravamen sobre tabaco y alcohol, o los 500 con impuestos medioambientales.
Sobre este último punto, el documento remitido por el Ministerio de Economía expone que «las estadísticas más recientes de Eurostat indican que los ingresos procedentes de impuestos ambientales representan en España, en el año 2014 el 1,85% del PIB, cifra claramente inferior al 2,46% del PIB, que es la media del conjunto de la Unión Europea».
En lucha contra el fraude, el Gobierno estima que recaudará 500 millones, que son el resultado de los 150 millones mencionados que logrará a través de la modificación de la lista de morosos, y otros 350 millones gracias a la implantación del sistema de suministro inmediato de información del IVA.
A estas cifras hay que añadir otros 1.500 millones que se obtendrán suprimiendo «la posibilidad de conceder aplazamientos para determinados tipos de deudas, en particular las correspondientes a impuestos repercutidos no ingresados previamente por los contribuyentes (IVA), a pagos fraccionados o a deudas previamente suspendidas mientras se tramita un recurso».
El resultado final de este conjunto de actuaciones, es que el Gobierno de Rajoy espera alcanzar una recaudación diferencial en 2017 de 7.505 millones que, contando con la evolución que estas mismas medidas tendrán en 2018, tendrán un impacto estructural de 7.500 millones. Esto es lo que pedía la Comisión Europea, que las actuaciones no tuviesen un impacto puntual sino que se consolidasen en la capacidad recaudatoria de la economía española.
Pero todas estas cifras, evidentemente, son proyecciones, estimaciones, sobre las que existen «algunas incertidumbres». Así lo aseguró esta misma semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que señaló que todavía hay que ver cuál es el impacto recaudatorio real y la repercusión sobre la economía, aunque al mismo tiempo señaló que la última información que le ha remitido el Gobierno despeja algunas dudas.
En todo caso, en los datos que el Ejecutivo hizo llegar ayer a la Comisión se asegura que el déficit en 2017 será del 3,1% del PIB, con lo que se cumpliría con los objetivos pactados con Europa. Esta cifra se distribuye entre el 1,1% de la Administración Central, el 0,6% de desfase presupuestario de las CCAA, el 0% de las Entidades Locales, y el 1,4% de la Seguridad Social. Con esta última estimación, el Gobierno sigue apuntando que la hucha de las pensiones se agotará el próximo año si el Pacto de Toledo no toma algún tipo de medida que reduzca el importante déficit del Fondo de Reserva.