EL liderazgo opositor asegura que no se trata de «una marcha más» y que a partir de septiembre se inicia una nueva etapa en la lucha por el revocatorio
La “toma de Caracas”, convocada para este jueves por la oposición venezolana para exigir el referendo revocatorio, ha sacudido el tablero político, marcando un punto de inflexión en el debate nacional.
Este primero de septiembre no se acaba el mundo. Mucho menos el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero, al parecer, algo nuevo comenzará.
El chavismo afirma que la jornada impulsa un golpe de Estado, auspiciado por Washington y la derecha mundial, contra la revolución socialista. Sus declaraciones han sido grandilocuentes. “Si a mí me hicieran algo, salgan a la calle a hacer justicia. Paren este país de punta a punta hasta que se restituya la revolución”, pidió Maduro el 27 de agosto. Luego, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz superó a su jefe con esta frase: “Para quitarnos a Maduro tienen que matarnos”.
El oficialismo no se ha quedado en el discurso, sino que ha pasado a la acción. Revocó la medida de arresto domiciliario que habían concedido al exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, capital de estado Táchira, Daniel Ceballos, quien volvió a la cárcel, y también metió en prisión al dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, bajo las acusaciones de tener en su poder “cordones detonantes para explosivos”, según dijo el lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en un mitin en el estado Barinas.
Cabello ordenó a su militancia que impida la movilización de la oposición y amenazó con más detenciones en las próximas horas. “Nuestra propuesta siempre será la paz, pero a veces la paz hay que conquistarla peleando (…) Nadie se sorprenda cuando los organismos de inteligencia vayan a la casa de Juancito, Pedrito, María, tun, tun, y véngase pa’ acá por conspirador y que la justicia se imponga”, espetó Cebello.
El Gobierno insiste en comparar la “toma de Caracas” con la marcha del 11 de abril de 2002, jornada que concluyó con un golpe militar que sacó del poder durante unas horas al difunto presidente Hugo Chávez. Bajo esa premisa, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Luis Reverol, responsable de los cuerpos policiales del país, expresó: “se presume que habrá actos de violencia y desestabilización durante las concentraciones del primero de septiembre”.
El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, negó a la oposición el permiso para reunirse en Caracas. “Nosotros estamos en el poder político y no nos lo vamos a dejar quitar”, expuso Aponte, posición que fue respaldada por el diputado Elías Jaua, quien agregó: “Será responsabilidad de los alcaldes opositores y del gobernador del estado Miranda (Henrique Capriles Radonski) los hechos de violencia que ocurran en los municipios del área metropolitana”.
Sin embargo, el chavismo sí podrá desplegarse con absoluta libertad por todo el país, incluidas las calles caraqueñas, en “defensa de la revolución”. “No puede haber un líder que se quede en su casa”, apuntó Cabello, tras reiterar que “el Departamento de Estado dirige un golpe de Estado contra el Gobierno”.
“Esta es una manifestación con reglas y con normas, porque el ente que convoca no es simplemente una alianza de partidos sino que es la fuerza que está llamada a liderar la transición democrática en paz, a liderar un proceso de reconstrucción nacional inclusivo y solidario”, sentenció el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
Desde que llamó a participar en la “toma de Caracas”, Capriles Radonski aclaró que no se trataba de una “marcha más”. El gobernador del estado Miranda resaltó en un artículo publicado el domingo: “Sabemos que el Gobierno utilizará cualquier medio a su alcance para tratar de desmovilizarnos, pero debemos mantenernos firmes y más unidos que nunca, porque desde ese día (primero de septiembre) esperamos iniciar una nueva etapa hasta el revocatorio”.
El líder opositor sostuvo que “el revocatorio será este año”, pese a los distintos obstáculos que ha colocado el chavismo para boicotear la consulta popular, y recalcó que este jueves deben alzar su voz todos los venezolanos que exigen un cambio en el país. “El Gobierno tiene miedo a que la gente salga a la calle y se exprese de manera pacífica. La resignación es el plan del Gobierno, el nuestro es luchar por nuestros derechos”, enfatizó.
A escasas horas de que se lleve a cabo la “toma de Caracas”, la tensión aumenta en Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía el equipo reporteril de Al Jazeera, procedente de Argentina, que venía a cubrir la actividad de la MUD.
“Me dicen que somos inadmitidos, no deportados. No nos permitieron el ingreso al país. No quieren medios extranjeros en la marcha del jueves”, difundió este martes en su cuenta Twitter la periodista de la cadena árabe, Teresa Bo.
A los comunicadores locales no les va mejor. El diario El Nacional sufrió un ataque la madrugada del martes, cuando lanzaron excremento y bombas molotov contra la fachada de su sede, ubicada en el este de Caracas. Los agresores dejaron un panfleto firmado por la organización “Chama pueblo en rebelión”, donde fustigaban al director del periódico, Miguel Henrique Otero, por su “posición de conspirador en contra del pueblo y la revolución bolivariana”.
El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, denunció en Twitter la “detención arbitraria” de Carlos Melo, integrante de la dirección nacional de Avanzada Progresista. “Recluido e incomunicado en la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)”, precisó Falcón, quien públicamente ha asumido una postura a favor del diálogo, subrayando la necesidad de establecer las bases de un gobierno de “unidad nacional”.
Las cartas ya están echadas. Mientras la MUD recalca que se congregará en paz para demandar la activación del revocatorio en 2016, el chavismo insiste en un mensaje que habla de conspiraciones y terrorismo. En un acto celebrado este martes en el centro de Caracas, Maduro blandió el hacha de guerra: “El que se meta en el golpe y llame a la violencia, va preso. Sin impunidad, griten, lloren o chillen”.