La actuación de los uniformados en varias urbanizaciones venezolanas este jueves provocó enfrentamientos que se extendieron por horas y en los que lanzaron decenas de ráfagas de bombas lacrimógenas y balas de goma contra los manifestantes
En saco roto. Allí parece que cayeron los exhortos que en la víspera la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, le hiciera a la Policía y a la Guardia Nacional para que agotaran los mecanismos de negociación antes de recurrir a la fuerza pública a la hora de estar frente a una manifestación, pues cada protesta opositora es respondida con mayor brutalidad y fiereza que la anterior.
Pese a que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a los suyos a concentrarse en los 26 puntos desde los que ayer salió la llamada “madre de todas las marchas”, en muchos de ellos las personas ni siquiera pudieron reunirse, porque los agentes de seguridad nada más constatar la presencia de un puñado de personas armadas con banderas y gorras tricolor inmediatamente comenzaron a lanzarles gases.
Así ocurrió en las urbanizaciones Santa Mónica y en El Paraíso, ubicadas al suroeste de la capital venezolana, donde la actuación de los uniformados degeneró en enfrentamientos que se extendieron por horas.
Pero aunque en el este los opositores pudieron congregarse y marchar hacia la autopista y por la avenida Francisco de Miranda, su paso fue cortado abruptamente antes de salir del municipio Chacao, uno de los cinco que integran Caracas y que es considerado uno de los feudos del antichavismo.
Sin mediar palabra los uniformados lanzaron decenas de ráfagas de bombas lacrimógenas y dispararon a los manifestantes balas de goma. “En este país no hay azúcar, no hay harina para las arepas ni medicinas, pero a estos tipos no se les acaban las bombas”, se quejaba un señora que marchó con su hijo.
La autopista Francisco Fajardo, la principal vía de la capital venezolana, volvió a ser escenario de un gesto de valentía no visto, pues un protestante decidió desnudarse y subirse a uno de los vehículos blindados que arrojaban las lacrimógenas. Su gesto, que quedó registrado fotos y videos, no sirvió para apaciguar a los uniformados, los cuales incluso le dispararon a él.
Este miércoles se registró el primero de estos actos, cuando una señora de avanzada edad decidió ponerse delante de otro blindado, emulando la famosa imagen del chico que en 1989 se interpuso en el camino de un tanque que se dirigía a aplastar la revuelta de unos estudiantes chinos que tomaron la plaza de Tiananmén.
La actuación de los organismos de seguridad ha sido muy criticada por la oposición y por organizaciones de Derechos Humanos, algunas de las cuales advirtieron que muchas conductas observadas en los últimos días pueden considerarse tortura.
“Los mecanismos de control del orden público pueden contemplar métodos disuasivos permitidos pero nunca pueden ser utilizados para castigar y doblegar el ánimo de los manifestantes por sus ideas o posiciones políticas. Si el propósito es infligir intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, estamos frente al crimen de tortura, tal y como está definido en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, afirmó el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic).
Los señalamientos contra los uniformados cobraron vigor esta tarde, luego de que la Fiscalía confirmara que consiguió que un juez enviara a una cárcel preventivamente a 14 efectivos de la Guardia Nacional, por su presunta participación en el asesinato de Grunsey Canelón, uno de los siete fallecidos durante la represión a las protestas opositoras.
Canelón murió a consecuencia de un disparo a quemarropa que un militar le propinó cuando protestaba el pasado 10 de abril en Barquisimeto, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas.
