El encargado de presentar el acuerdo fue el diputado Omar Barboza, quien expuso que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), controlada por la oposición, aprobó este martes un acuerdo sobre la «inconstitucionalidad y nulidad» del decreto del presidente Nicolás Maduro con el que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.
En un debate en el que sólo participaron los diputados opositores se aprobó el acuerdo «sobre la inconstitucionalidad y nulidad de los decretos (…) sobre la fraudulenta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente de la república en consejo de ministros».
El encargado de presentar el acuerdo fue el diputado Omar Barboza, quien expuso que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso.
Indicó que aunque en los artículos de la Constitución donde se establece la Constituyente no se menciona que se debe hacer un referendo, la Carta Magna debe interpretarse «integralmente», pues señaló que en ella se establece que se debe acudir a este mecanismo «incluso para asuntos de interés parroquial».
Dijo que Maduro puede tener la iniciativa de la figura, tal como establece el artículo 348 de la Constitución, pero que la convocatoria reside en el pueblo venezolano.
En el documento aprobado este martes, los diputados acordaron «denunciar el fraude constitucional» de la convocatoria a esta Constituyente «sin referendo popular, en contravención del artículo 347, conforme al cual el pueblo es el único que en su condición de depositario exclusivo del poder constituyente originario» que puede convocarla.
Asimismo, aprobaron denunciar «la usurpación de la convocatoria del poder constituyente originario que corresponde exclusivamente al pueblo».
Los diputados opositores también pidieron al Poder Electoral, que recibió el pasado miércoles la convocatoria de Maduro, «respeto a la soberanía popular y a la Constitución» pues consideran que debe abstenerse de «dar curso a esa inconstitucional convocatoria».
En ese acuerdo también se aprobó denunciar ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y algunos organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Organización de Estados Americanos (OEA), «la violación de los derechos políticos» de los venezolanos.
Los diputados consideran que esta convocatoria del Gobierno es para «ganar tiempo» y para «no realizar» elecciones y reiteraron que el oficialismo busca establecer una Asamblea Constituyente «tutelada».
Barboza exhortó al jefe de Estado a retirar «esa supuesta convocatoria de la Constituyente» y a hacer lo «necesario para que se apruebe un cronograma electoral».
La iniciativa de Maduro de modificar la Constitución surge en un escenario de protestas antigubernamentales iniciadas hace más de un mes que en ocasiones ha degenerado en hechos violentos, en los que han muerto 37 personas y centenares resultaron heridas y detenidas.
Parlamento venezolano rechaza uso de la justicia militar contra manifestantes
La mayoría opositora en la Asamblea Nacional rechazó este martes el encausamiento de civiles detenidos en manifestaciones contra el Gobierno por la justicia militar, al denunciar que viola garantías fundamentales previstas en la Constitución.
En la sesión legislativa que se debatió el tema, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tuvo una intervención en una videollamada en la que apoyó el planteo opositor.
El uso de la justicia militar comenzó a aplicarse esta semana en la región central de Carabobo, que fue azotada por episodios de saqueos dentro de las protestas contra el Gobierno. Las manifestaciones, que comenzaron el 4 de abril, han dejado 40 muertos, unos 800 heridos y más de 1.500 detenidos.
La resolución aprobada por la cámara legislativa denunció la violación de la garantía constitucional de que los civiles serán encausados por sus jueces naturales, por lo que exigió a los magistrados y funcionarios de la justicia militar abstenerse de procesar a civiles.
Asimismo, los diputados acordaron denunciar en instancias nacionales la violación de los derechos humanos, dirigiéndose al Ministerio Público, para exigir respeto a los derechos y garantías del debido proceso.
Igualmente, exigieron al defensor del pueblo, Tarek William Saab, velar por los efectivos derechos y garantías y que investigue las violaciones de derechos humanos. También denunciarán las violaciones en el sistema interamericano, incluyendo la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«El régimen ha demostrado que su único interés es usar la fuerza para perpetuarse en el poder y para ello usará cualquier medida», agregó, y consideró que la solución a la crisis es llamar a unas elecciones generales que le devuelvan el poder al pueblo que «es el dueño de su futuro».
Asimismo, se aprobó denunciar ante instancias nacionales «esta nueva violación de los derechos humanos» y se autoriza a la junta directiva de la AN dirigirse a la Fiscalía General para pedirle que ejerza sus atribuciones «a fin de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales al debido proceso».
Además, en el documento aprobado este martes se exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que «ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos».
A Sabb también se le solicitará que «investigue la violación de los derechos al debido proceso, al juez natural y a la libertad personal denunciados en el presente acuerdo».
En el punto final del acuerdo se indica que se denunciará «la violación de los derechos humanos a que hace referencia el presente acuerdo ante los órganos del sistema internacional de protección de los derechos humanos» como las instituciones encargadas del tema de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
El 18 de abril pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su decisión de activar el llamado «Plan Zamora», que le fue presentado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el orden interno ante las supuestas amenazas de golpe de Estado auspiciado, dijo, «desde Washington».
El lanzamiento de este plan se hizo en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que se desarrolla desde hace más de un mes en el país y que en ocasiones ha degenerado en hechos violentos, que han dejado 37 muertos y centenares de heridos y detenidos.
La oposición ha denunciado que con este plan muchos de los detenidos en las manifestaciones han sido enviados a tribunales militares.
FUENTE: dpa
