miércoles, junio 29, 2022
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Moncloa teme que otro fracaso despierte dudas sobre el sistema

El entorno de Rajoy cree que unas nuevas elecciones tendrían un efecto «no predecible»

MARIANO CALLEJA

En el Palacio de la Moncloa se acepta ya abiertamente que la investidura de Mariano Rajoy la próxima semana es «poco probable». El día 31, con la primera votación, empezará a contar el plazo de dos meses previsto por la Constitución hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones, si no se consigue investir a un presidente del Gobierno. Las consecuencias son difíciles de prever, por lo desconocido de la situación, nunca antes vivida, pero en el Ejecutivo temen que si se celebrasen elecciones por tercera vez podrían despertarse muchas dudas sobre la validez del sistema y el funcionamiento constitucional. En Moncloa siguen confiando en que no se llegue a ese escenario en España.

De momento, el entorno del candidato del PP está trabajando con todo empeño en el acuerdo con Ciudadanos, que ven bastante cercano, y que podría estar cerrado entre hoy y mañana. Fuentes del Gobierno señalan que las diferencias que se están produciendo con el partido de Albert Rivera no son insalvables en ningún caso. «Son discrepancias no ideológicas, perspectivas distintas sobre asuntos concretos, perfectamente superables», comentan.

En la comisión negociadora formada por representantes del PP y de Ciudadanos, los populares creen que se ha puesto de manifiesto en algunos puntos el contraste entre su visión de Gobierno, «con más experiencia», y la postura «más superficial» y menos desarrollada que mantienen los miembros de la formación naranja.

En todo caso, en el Gobierno dan por hecho que habrá una acuerdo para el «sí», que supondrá un total de 170 votos favorables, incluida Coalición Canaria, a la candidatura de Rajoy en la primera votación, el próximo miércoles, y previsiblemente en la segunda, 48 horas después.

Serían 170 votos, 39 más que los conseguidos por Pedro Sánchez en su investidura fallida, pero de nuevo insuficientes para que España tenga por fin presidente del Gobierno. «El concurso del PSOE es necesario, se mire por donde se mire», comentan en Moncloa. Por eso, Rajoy volverá a levantar el teléfono para hacer otra llamada a Sánchez. En esta ocasión espera que, al menos, atienda su llamada y pueda explicarle sus razones para sacar a España del bloqueo lo antes posible.

Pero en el entorno de Rajoy son realistas sobre el éxito que pueda tener esa llamada al secretario general del PSOE, y ya cuentan con que esta investidura acabará en fracaso, y habrá que volverlo a intentar más adelante, una vez celebradas las elecciones autonómicas vascas y gallegas del 25 de septiembre.

Pese al «realismo pesimista» que se va imponiendo en Moncloa, en el Gobierno insisten en que el objetivo número uno es conseguir la investidura, y Rajoy «lo intentará hasta el último minuto». «Hay que conseguir doblegar al PSOE. Si no es ahora, tendrá que ser más adelante», advierten.

Desde Moncloa no se ve nada claro que unas nuevas elecciones generales puedan favorecer al PSOE, como piensan algunos dirigentes socialistas. «Los resultados y los efectos de volver por tercera vez a las urnas no son predecibles. Ahí se equivocan si dan por hecho que obtendrán un mejor resultado que el 26-J», aseguran en el Gobierno. El hartazgo de los ciudadanos, y su enfado con los políticos por no haber conseguido llegar a un acuerdo, podría traducirse en una importante abstención, y en un «castigo» a quien consideren culpable de esa situación.

Al riesgo de que se produzca una grieta mayor a la existente entre los ciudadanos y sus políticos se suman los problemas que se crearán por no poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y por no cumplir los compromisos sobre el déficit público con la Unión Europea.

Si la investidura de la próxima semana resulta fallida, algo que hasta el Gobierno ve bastante probable, será muy difícil presentar los Presupuestos de 2017 en el Congreso antes del 1 de octubre. Y también enviar los compromisos sobre el déficit a la UE antes del 15 de octubre. En ese caso, el Gobierno iría a Bruselas para explicar por qué no ha sido posible, y tratar de evitar las sanciones previstas. El Gobierno en funciones no puede aprobar ningún proyecto de ley, tan solo podría sacar adelante modificaciones presupuestarias sobre las cuentas ya aprobadas, mediante decreto-ley.

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