El requerimiento del Gobierno al Govern establece como límite último el jueves a las 10.00
El Gobierno está “acompañado” por el PSOE en la activación del artículo 155 de la Constitución, que se aplicará a la Generalitat de Cataluña si su presidente, Carles Puigdemont, no renuncia a la declaración de independencia. Este es el compromiso de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El líder socialista, a su vez, ha logrado que Rajoy se comprometa a abordar la reforma de la Constitución. Si se aplica finalmente el 155 debe terminar en elecciones autonómicas, acordaron ambos líderes.
El requerimiento que Mariano Rajoy le ha enviado este miércoles a Carles Puigdemont como paso previo para la activación del artículo 155 de la Constitución establece dos plazos antes de que el Gobierno asuma competencias concretas de la Generalitat. El presidente del Govern tiene que aclarar antes de las 10.00 horas del lunes 16 si el martes proclamó la independencia de Cataluña, aunque luego la suspendiera. En el caso de que haya sido así, el Ejecutivo le da hasta las 10.00 horas del jueves 19 para rectificar y restaurar el orden constitucional. Si no, advierte la comunicación que firma Rajoy, se activará “de forma inmediata en el Senado” el artículo 155 de la Constitución.
El texto enviado por La Moncloa considera “premeditadamente confusa” la declaración de Puigdemont del martes en el Parlament, donde anunció la independencia de Cataluña y la suspendió inmediatamente. En consecuencia, no deja espacio a la duda: si Puigdemont no contesta claramente al requerimiento, Rajoy asumirá que el presidente de la Generalitat confirma que proclamó la independencia. «Cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación», advierte el texto, que también insta al líder independentista a comunicar el requerimiento a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, y a la Mesa de la Cámara, «requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario».
“La pretendida imposición de una independencia unilateral mediante la utilización de las potestades públicas confiadas al Parlamento, al Presidente y al Gobierno de la Generalidad de Cataluña para tratar de imponer una decisión preestablecida sin control democrático constituye un ataque al marco de convivencia establecido en la Constitución”, certifica la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que también es ministra de la Presidencia y de las Administraciones territoriales, en el documento enviado a Puigdemont. “La actuación del Presidente y del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y de la mayoría no cualificada del Parlamento se ha apartado con tal intensidad del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales que de no ser atendido este requerimiento supondría un grave riesgo para el mantenimiento del órden constitucional, y la propia Constitución ha previsto las medidas a aplicar en este caso”, añade. “En consecuencia, es deber del Gobierno de la Nación (…) proceder a activar la aplicación del procedimiento para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el caso de que no se atienda este último requerimiento planteado por el presente acuerdo”.
