viernes, marzo 29, 2024
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Los dueños de piscinas se rebelan contra la burocracia

Las mesas están listas, las copas brillan sobre los manteles y la barra exhibe una amplia variedad de bebidas.

Sin embargo, el restaurante está cerrado. Hace unos meses, el amplio comedor de la Casa Nenita, en Viñales, estaba repleto de turistas, pero la construcción de una piscina le acarreó a su propietaria la cancelación de la licencia para alquilar habitaciones y vender alimentos.

El drama que vive Emilia Díaz Serrat (Nenita) se repite por todo el hermoso valle de Viñales entre aquellos propietarios de viviendas que decidieron construir una piscina. Las autoridades locales han obligado a estos emprendedores a demoler lo construido o convertir en enormes canteros las obras pensadas para un refrescante chapuzón.

Una pelea sorda, de la que apenas se percatan los recién llegados, tensa el paradisíaco valle surcado por mogotes, cuevas y vegas de tabaco. Desde hace más de cinco años y ante el florecimiento turístico de la región, los trabajadores por cuenta propia dedicados a la renta de habitaciones dieron un paso más allá para diversificar los servicios y comenzaron a construir sus propias piscinas.

Sin embargo, desde principios de este año y de manera sorpresiva, el Consejo de la Administración Municipal decretó el cierre de todas ellas y canceló las licencias de arrendamiento para quienes se resistieron a obedecer. Las autoridades locales se valieron hasta de imágenes satelitales para detectar esos llamativos círculos o rectángulos azules en los patios de las casas.

Roque, de 38 años, es un taxista particular que hace la ruta entre La Habana y Viñales cada día. Nació en el hermoso poblado pinareño y se conoce cada historia del lugar como la palma de su mano. «Lo que han hecho aquí no tiene nombre», comenta mientras lleva su auto por las calles sin asfalto de la periferia del epicentro turístico.

«Dicen que el problema es por el agua, pero en los últimos meses ha llovido un mundo por aquí y la piscina del hotel Los Jazmines (de propiedad estatal) siempre está llena», se queja el hombre. También las del alojamiento La Ermita y el campismo popular Dos Hermanas, que pertenecen al Estado. Como una buena parte de los residentes en el lugar, Roque cree que la medida es «un extremismo» de las autoridades contra «los que más dinero producen en la zona».

Los arrendatarios de Viñales pagan mensualmente a la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), como concepto de licencia, alrededor de 35 CUC por cada cuarto que arriendan. A eso se les suma las contribuciones del 10% de sus ingresos y la seguridad social.

Al principio eran piscinas plásticas, compradas en tiendas como las de la Plaza Carlos III en La Habana, por un precio que oscila entre 600 y 1.800 CUC. Apenas un depósito de agua donde los clientes podían refrescarse del tórrido verano y completar su sueño de unas vacaciones idílicas en una isla del Caribe.

Los alojamientos con piscina llevaban ventaja en un municipio con 911 viviendas que tienen licencia de arrendamiento y en las que pernocta más del 80% de los turistas que llegan a la provincia de Pinar del Río. Ofrecer un baño en el jardín era un plus para atraer a los clientes.

Poco a poco, lo temporal se hizo definitivo. Los diseños glamorosos sustituyeron al plástico de las primeras piscinas, casi infantiles. Hermosas, con islas de cocoteros creadas en el centro, fondo de un azul irresistible y sofisticado sistema de bombeo comenzaron a aflorar por todo el lugar. Las inversiones, en varios casos, superaron los 8.000 CUC.

En las tiendas cubanas apenas se comercializan los compuestos de cloro, desinfectantes o productos necesarios para la limpieza de las piscinas, pero un próspero entramado informal provee todo lo necesario para su mantenimiento. En la mayoría de los casos se trata de productos importados de manera personal, que reciben autorización de entrada en la Aduana, o desviados del sector estatal.

Los cuentapropistas de Viñales debieron sortear todos esos obstáculos, y en ninguna reunión del grupo de Arrendadores de Viviendas o de la Asamblea de Rendición de Cuentas del Delegado se les advirtió de no continuar con sus renovaciones, un detalle que ahora exponen para intentar detener la embestida oficial.

Algunos buscaron soluciones para no depender del agua suministrada por las cañerías que llegan desde la calle. «Cuando nos dijeron que el problema podía ser el agua, contraté una brigada estatal para abrir un pozo, pero ni aun así nos pudimos quitar de arriba esta salación», cuenta M., arrendador de una de las casas a las que le han retirado la licencia y que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

La arremetida llegó por todos los frentes. Fueron retiradas 32 licencias de arrendamiento y solo los dueños de casas que acataron la orden de demoler precipitadamente sus piscinas o rellenarlas con tierra conservaron los permisos. Quienes elevaron su voz para denunciar lo que ocurre han recibido el tratamiento de «contrarrevolucionarios» y una mayor vigilancia sobre cada uno de sus movimientos, protestan.

«Hemos contratado a un abogado, el jefe del bufete provincial, para que nos asesore, pero hasta el momento no ha ayudado en nada», se queja M. «Hemos ido en reiteradas ocasiones al Poder Popular Municipal y al Partido Municipal, pero no hemos obtenido respuestas coherentes». Aclara, sin embargo, que no quieren convertir esto «en un tema político, porque si no, nunca llegarán las soluciones».

Decenas de estos propietarios incluso pasaron una noche en un parque para obtener una reunión con el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, pero el encuentro nunca se dio. Toda la madrugada estuvieron rodeados por efectivos de la Brigada Especial, dos patrullas de la Policía y una ómnibus del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) como si de una banda de peligrosos malhechores se tratara.

«Aquí el Estado invierte poco y exige mucho», explica una empleada del restaurante El Olivo, ubicado en la calle principal de Viñales. «Este lugar lo hemos levantado nosotros, los emprendedores, porque hace veinte años todo aquí estaba medio muerto y hoy es uno de los más importantes polos turísticos del país».

En septiembre de 2014, la resolución 54 del Instituto de Planificación Física dejó claro que no se otorgarían nuevas licencias para la construcción de piscinas, pero la mayoría de las 28 obras que hoy están en litigio en Viñales se habían llevado a cabo antes de esa fecha. En enero de este año, la Gaceta Oficial instauró las nuevas tarifas para el uso de piscinas en el sector del arrendamiento privado.

Una carta enviada a Raúl Castro en junio pasado por un grupo de arrendatarios de la zona afectados por la prohibición sigue sin recibir respuesta. «Decidimos hacerle esta relatoría para que conozca que se están cerrando las puertas al desarrollo del país», apuntan los demandantes en la misiva. Algunos de ellos se decían esperanzados este fin de semana con una pronta rectificación de la medida, pero sus pronósticos están más en el terreno de las esperanzas que de las certezas.

No entienden una decisión que consideran se tomó de «manera precipitada» y «sin tener en cuenta las consecuencias que esto traería para el desarrollo turístico» de la zona. En el texto que entregaron en la oficina de atención a la población del Consejo de Estado evalúan la medida como «injusta, desproporcionada y no acorde a los tiempos en que vivimos».

«No voy a vaciar la piscina», dice rotunda Nenita bajo el inclemente sol de agosto y mientras en toda su propiedad no se oía ni el zumbido de una mosca. La residencia lleva semanas vacía, aunque en las calles del polo turístico los visitantes se amontonan en busca de una habitación y en el sitio de reservas TripAdvisor su casa es la mejor valorada de la zona.

Otros seis arrendatarios también se muestran dispuestos a «seguir luchando» por mantener sus piscinas, en las que ahora no se baña ningún turista y solo son hermosos espejos de agua donde se reflejan los mogotes.

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